Las empresas corren para adecuarse a último minuto a la norma antielusiva

Las empresas peruanas se confiaron. Seguras de que el Congreso derogaría los aspectos esenciales de la norma antielusiva, la mayoría no recopiló la información necesaria para que sus directorios ratifiquen —o corrijan— sus planificaciones fiscales desde el 2012. Esto puede llevar a que sus directores sean implicados como responsables solidarios en casos de elusión tributaria. “Es como cuando dejan un trabajo para dentro de seis meses y ‘te pones las pilas’ faltando pocos días para que venza el plazo, pensando que el profesor va a cambiar la fecha de entrega o que lo va a anular”, dice Álvaro Arbulú, socio de impuestos de la consultora EY, una de las encargadas de asesorar a las empresas en la revisión de sus planificaciones. Hoy, aunque no pierden la esperanza de derogación o prórroga, las empresas y sus directorios corren para cumplir con un deadline quecada vez más, parece ineludible: este 29 de marzo. Para lograrlo, se han concentrado en revisar sus transacciones más delicadas y están buscando seguros para sus directores.

CONFIADOS

Las empresas conocen la fecha límite desde el 13 de septiembre del año pasado, cuando el gobierno precisó el procedimiento de aplicación de la norma antielusiva. Sin embargo, las fuentes consultadas coinciden en que las empresas tenían confianza en que el Congreso derogaría sus aspectos esenciales. Esta confianza empezó a amainar tras el fin de la legislatura ordinaria del 2018, el 30 de enero de este año.

“[El punto de inflexión] es la legislatura de finales de enero. Ahora, mientras más se acerca la fecha, más empresas empiezan a ver al menos la parte delicada: las transacciones grandes, reorganizaciones empresariales, fusiones, reducciones de capital, grandes adquisiciones o ventas que, por comparación con otros países, deberían ser materia de la norma”, confirma Fernando Loayza, gerente de tax consulting de PwC.

Parte de la confianza de las empresas respondía a la gestión de intereses que sus gremios realizaron ante el Congreso y el Ejecutivo, de forma pública y privada. En octubre, la Confiep envió una carta a la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Rosa Bartra, detallando sus objeciones a la norma antielusiva. En mayo —reportó el portal Ojo Público— el presidente de la ConfiepRoque Benavides, envió otra carta al entonces ministro de Economía, David Tuesta, recordando las objeciones discutidas en una reunión del 3 de mayo, a la que asistieron José Talledo Vinces, del estudio Rodrigo, Elías & Medrano; Jorge Picón, de Picón Asociados; Fernando Zuzunaga, de Zuzunaga, Assereto & Zegarra Abogados; César Luna Victoria, del Rubio, Leguía y Normand; Ramón Gálvez, del Gálvez, Risso, Zegarra & Asociados; y Lourdes Chau, de PwC, según la bitácora de visitas del MEF.

En diciembre, la Comisión de Constitución aprobó un informe que recoge las objeciones de la Confiep y deroga las precisiones hechas por el gobierno a la norma antielusiva. Esto ratificó la confianza de las empresas. “Tendríamos que verlo esta misma semana [el en Pleno]”, dijo Miguel Torres, el congresista de Fuerza Popular que coordinó al grupo de trabajo que elaboró el informe. El tema, sin embargo, nunca entró en agenda.

¿Y AHORA?

Aunque todavía hay esperanza de derogación o prórroga, las empresas hoy corren contra el tiempo, especialmente aquellas cuyos plazos internos las hacen más lentas. “Varias empresas se han preocupado por la cercanía del 29 de marzo. La otra vez estuve con el ministro [de Economía y Finanzas, Carlos Oliva] y le pregunté: ¿cuándo va a salir el reglamento [para la antielusiva]? ¿Cuál es el camino? Se están convocando los directorios y en las agendas se tiene que señalar qué temas se van a tratar. Hay empresas cuyos estatutos demandan 30 días hábiles para convocar a un directorio. Me dijo: eso ya lo estamos viendo”, cuenta Alex Córdova, socio tributario del estudio Rodrigo, Elías & Medrano.

Para Córdova, que el MEF no haya emitido todavía un decreto supremo (DS) reglamentando la norma antielusiva es una señal de que estarían esperando la derogación. “La razón por la que no ha salido sería porque han convenido con el Congreso que la norma no va”, explica. El MEF había anunciado que en febrero publicaría el DS solicitado que le solicitó Congreso cuando suspendió la norma (en el 2014) para establecer sus parámetros de forma y fondo, pero hasta ahora no lo ha hecho. “El proyecto para derogar la ley [sus aspectos esenciales: que aplique desde el 2012 y la responsabilidad solidaria de los directorios] todavía está y tengo entendido que lo trabajarán a partir del 7 de marzo [cuando se reanudaron las sesiones del Pleno]. Es probable que se pueda derogar”, dice Córdova.

“Que el MEF no haya publicado el DS no tiene nada que ver con que esté rendido. Un DS puede contener un reglamento o no, también pueden ser lineamientos de política. La centena de países que ya han adoptado normas antielusivas no definen la elusión. El DS del MEF tampoco la va a definir”, afirma Eduardo Sotelo, director de la maestría en derecho tributario de la PUCP. Y sobre la posibilidad de una prórroga, Loayza asegura: “no creo que haya una, porque eso implicaría que pase por el Congreso. Seguimos esperando la modificación que nunca llegó. Por lo tanto, las empresas están corriendo”.

La opción para que los directores se protejan es la adquisición de seguros. “Un seguro no va a cubrir a alguien que actúe negligentemente o de mala fe. Que la norma lo presuma, complica las cosas. Lo que se está viendo es que cubran los gastos personales de los directores, como el colegio de sus hijos, el alquiler de sus casas o el crédito hipotecario, en caso se impongan embargos contra sus activos por aplicación de la responsabilidad solidaria”, agrega Loayza.

 

Fuente: Semana Económica

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